A Varisco, Rolandelli y Picazzo se les atribuye haber firmado un convenio por el que se otorgó a la mutual un millón y medio de pesos. Fiscalía llega al debate “persuadida del ilícito” para favorecer a la mutual con “dineros públicos”
El ex intendente, Sergio Varisco; el edil por la Alianza Juntos por el Cambio, Walter Rolandelli, que en el momento de los hechos investigados era secretario Legal y Técnico de la Municipalidad; y quien era titular de la Mutual Modelo, Ángel Picazzo, comenzaron a ser juzgados por la presunta comisión de los delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Defraudación a la administración pública.
Ayer, en el comienzo del debate, las fiscales Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche, adelantaron que podrían llegar a cambiar aquella calificación legal por la de Peculado. Las fiscales sostuvieron en sus alegatos de apertura su convicción de estar frente a un hecho de corrupción. Las defensas, como lo vienen manifestando a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria , reiteraron la inocencia de sus defendidos por inexistencia de delito. Las defensas son responsabilidad de Emilio Fouces y Miguel Ángel Cullen, por Picazzo; y de Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, por Varisco y Rolandelli.
A los imputados se les atribuye haber firmado el 22 de enero de 2016 un convenio por medio del cual se le otorgó un millón y medio de pesos en concepto de adelanto de cuotas por saldos no cubiertos de los créditos otorgados por Mutual Modelo a favor de agentes del municipio. Para concretar aquella maniobra, que Fiscalía sostiene que se realizó “con el propósito de favorecer económicamente” a la mutual, se invocó como motivo “paliar la situación financiera que atravesaba la mutual. Fiscalía entendió que Varisco afectó fondos públicos que “tenía a su disposición por el cargo que ostentaba”. Rolandelli habría participado emitiendo el 28 de enero de 2016 un dictamen mediante el cual recomendó el otorgamiento del adelanto, a pesar de las observaciones hechas por el contador general de la Municipalidad, Eduardo Campdesuñé. El adelanto solicitado nunca se concretó por decisión del ex intendente.
Convicción
Fiscalía llegó al debate “persuadida del ilícito” y preparada “para acreditar una maniobra que tenía como único propósito detraer dineros de las arcas municipales para beneficiar a la Mutual, todo bajo el eufemismo de adelantar créditos financieros por un millón y medio de pesos”, sosteniendo que aquellos créditos no tenían “ningún marco normativo”.
Así, sostuvieron que se trató de un “verdadero e ilegal mutuo dado por el municipio”, celebrado “entre el ex intendente Varisco y Picazzo entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 2016”. Fiscalía entendió que “La maniobra estuvo orientada a favorecer a la Mutual Modelo con dineros públicos sin tener amparo normativo para ello”. También señalaron que el “préstamo de dinero a la mutual era gratuito, no se acordó que se debitaran intereses” tratándose de un “acto de financiamiento gratuito”. Las fiscales destacaron que “el pago no se efectuó por la intervención de empleados municipales que advirtieron de las condiciones del trámite, que llegó a instancias de pago”. Así, recordaron que se inició un “nuevo trámite tras el fracaso del primero” en el que “se intentó salvar las ilicitudes del primero” con la intervención de Rolandelli, quien se expidió a favor del anticipo pero sin salvar las objeciones que plantearon los empleados, tales como la solvencia de la mutual, las garantías para el cobro del adelanto o las tasas de interés acordadas en el segundo convenio. Las fiscales señalaron que “cuando se conoció la denuncia, el 7 de julio de 2017, Varisco lo dio de baja”. Para Fiscalía se trató de un “acto de corrupción” y adelantó que podría cambiar la carátula por el delito de Peculado o Abuso de autoridad.
Válido
Fouces sostuvo la “absoluta inocencia de Picazzo”, cuestionó que encontró en los “argumentos de la acusación del Ministerio Público Fiscal serias contradicciones e inconsistencias” y dijo que el convenio fue “un acto válido, transparente” que siguió “un proceso administrativo”. Fouces sostuvo que durante el debate las defensas demostrarán “cuál fue el justificativo y los fundamentos (de la solicitud) y los antecedentes; que (el pedido) se basó en el Presupuesto para solicitar el adelanto y porqué el municipio lo otorgó”. En este sentido entendió que una cuestión importante es “ver los antecedentes” que demostrarían que éste acto cuestionado se realizó en “varias oportunidades, en distintas gestiones municipales de distinto color político y fueron tan transparentes como este”. Así, sostuvo que “en base a esos antecedentes se hizo este pedido. Se tomaron los modelos anteriores de contratos de las casos precedentes”. También sentenció que “no es un hecho para beneficiar a un particular, se va demostrar que no es así”.
Cullen denunció los “serios inconvenientes de las defensas a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria ” y alertó que “se nos trae a juicio por un no hecho, un hecho que no fue, cheques que no se cobraron, un hecho que no prosperó. Nos debemos defender de un no hecho”. A su turno, Pagliotto cuestionó la “delitomanía” en la que habría caído el MPF en Entre Ríos, por la que entendió “se ven delitos por todas partes y todo es delito; y no todo es delito”. Así, sostuvo que en el caso de Rolandelli se “condena y se criminaliza la opinión”, en relación al dictamen favorable que emitió cuando era secretario Legal y Técnico. “Dictaminar no es vinculante” resaltó y cuestionó que “Rolandelli viene a juicio por emitir una opinión”. En este sentido señaló que “los dictámenes no son actos jurídicos, son actos internos”, agregando que “un dictamen es una opinión y la opinión no se criminaliza”. También criticó que “los errores de los fiscales se llaman prisión”. Pagliotto solicitó al MPF que retire la acusación contra Rolandelli porque consideró que “no tiene sentido que siga en el juicio” puesto que se trataría de “un simple dictaminador”.
Riesgos
Campdesuñé fue el primer testigo de la audiencia. Se desempeña como contador general de la Municipalidad. Ayer recordó que en la primera intervención que tuvo la Contaduría General “manifestamos que debía estar garantizado el recobro de ese adelanto”. Ante la imposibilidad de caucionar el adelanto mediante una compañía de seguros, porque no lo pueden hacer por normativa, “se pidió la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para que dictaminara si era posible garantizar de otra manera el cobro”. El contador dijo que ante el dictamen favorable de la Secretaría “se emitió la orden de pago”, a pesar que en Contaduría seguían advirtiendo que, a su criterio, “seguía existiendo el riesgo de recupero”.
Campdesuñé señaló que el primer pedido “era escueto” y carecía de “argumentos” por lo que pidieron que se ampliara. No obstante reconoció que “era plata a recuperar a futuro”. Consultado sobre el riesgo que existía para los empleados en otorgar el adelanto de crédito, dijo que consistía en si había un cambio en la modalidad en la que la Mutual le retenía el crédito por recibo de sueldo al trabajador municipal, o si aquella se desprendía de la cartera de clientes o si por un problema judicial se le embargaban o inhibían los fondos y entraba en cesación de pagos.
Campdesuñé recordó “convenios muy similares a este” que se celebraron en otras gestiones, no pudiendo recordar si en aquellos se pactó el pago de intereses. También recordó que el motivo de aquellos pedidos también consistieron en dificultades financieras que atravesaban las mutuales. Así, mencionó que en la gestión de José Carlos Halle, Mutual Modelo tuvo la mayoría de los convenios y dos con otras. Sostuvo que los anticipos a las mutuales estaban presupuestados. “Nunca dije que era ilícito el trámite, me centré en la contabilidad y no en la naturaleza del convenio” advirtió. Sostuvo que Varisco no le hizo ningún tipo de pedido en relación con el trámite. Finalmente insistió en que “temía que la Mutual pudiera insolventarse para no cumplir”.
RECUADRO
“Miedo de no cobrar”
Cristina Ruberto fue secretaria de Hacienda de la gestión Cambiemos. Desde su lugar en aquella gestión manifestó que “la Mutual pedía un anticipo que no parecía irrazonable. La cuestión era cómo lo recuperábamos. Se hablaba de poner en el convenio una serie de requisitos para asegurar el recobro”. En relación a la viabilidad del pedido, sostuvo que “estábamos convencidos que se podía porque había antecedentes”. El plural involucró a los empleados municipales de carrera que trabajaban con ella. “Lo que la Mutual tenía que cobrar por mes (por código de descuento) alcanzaba para cubrir las diez cuotas, se podía recuperar”, insistió.
“Nunca me puse a leer porqué se pudo hacer en la gestión de Halle y esto es completamente distinto”, respondió a la pregunta sobre la judicialización de este caso y no de otros. Ruberto expresó que “el primer convenio se anula por el run run sobre cómo recuperamos el adelanto. Me llenaban la cabeza de sospechas respecto de que podíamos no cobrar”. Más adelante precisó que “la Mutual es acreedora de la Municipalidad”. Respecto del segundo convenio, la contadora recordó que se pactaron “intereses compensatorios”. Finalmente manifestó que “acá se discute si es legal o ilegal, nosotros no discutíamos eso. No vi nada extraño ni fuera de lo normal, nada ilegal, sólo teníamos miedo de no cobrar”.
