La corresponsal de RFI en Bruselas investigó el peso que tienen estos grupos de influencia en los intereses económicos mundiales.
La Rue de la Loi en Bruselas es el corazón del poder europeo. En esta calle se encuentran las sedes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo europeo. Alrededor de todas estas instituciones, se concentran más de 25.000 lobbies, o grupos de presión. Todos tratan de influir en las leyes que se preparan en las instituciones europeas, y, por lo tanto, a los más de 510 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Según cálculos de la organización Corporate Europe Observatory, gastan cada año 1500 millones de euros. El objetivo: dirigirse a las instituciones y las embajadas de los países y presionar a favor de sus intereses.
La mayoría son multinacionales, denuncia Martin Pigeon, representante de la ONG Corporate Europe. “Nos preocupa el poder de las multinacionales y de los lobbies en las políticas europeas, porque, básicamente, pueden influir en las políticas sin rendir cuentas a la ciudadanía. Rinden cuentas, pero a los clientes que les pagan, no a los electores”, dice a RFI. La periodista de investigación y experta en lobbies, Stéphane Horél, advierte sobre el peligro de las multinacionales en la toma de decisiones europeas, a causa de sus intereses. “Las acciones de algunas empresas que tienen productos tóxicos y peligrosos tienen un impacto en nuestras democracias porque manipulan para mantener sus productos en el mercado, imponen decisiones políticas que son contrarias a la salud pública”, ejemplifica Horél.
Además de las transnacionales, también se consideran lobbies las ONG, las organizaciones de agricultores y consumidores, las cámaras de comercio o la industria farmacéutica. Con amplios presupuestos que superan varios millones de euros, estos grupos organizan actos y reuniones con eurodiputados y comisarios, en donde exponen sus demandas. Uno de los lugares donde más se encuentran es en el Parlamento Europeo. Entre los pasillos del edificio se cruzan los lobistas con eurodiputados, periodistas, asesores y asistentes parlamentarios.
La única institución elegida democráticamente por los ciudadanos europeos es también una de las que más presiones de los lobbies recibe. Los eurodiputados que preparan los informes y que luego votan están obligados desde principios de 2019 a hacer públicas sus reuniones con este tipo de organizaciones. Fue una ardua negociación que costó que se aprobara. Pero, aún queda trabajar por hacer. Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, propone otras medidas que cree ayudarían a mejorar la transparencia.
