Paraná está siendo sede del segundo foro federal participativo “Hacia un plan contra las violencias de género” que involucra además de Entre Ríos, a Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, en el marco de la región Nea/Litoral. Diseñar políticas acordes a la realidad del territorio e incentivar prácticas democráticas son objetivos de la actividad convocada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Prevención, asistencia integral, protección de las violencias por motivos de género e interseccionalidades son los ejes en torno a los cuales se organiza el trabajo en el Foro que se desarrolla desde este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas. El primer encuentro tuvo lugar en Chapadmalal, para los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y habrá otros seis hasta el mes de abril, con lo que quedará cubierto el país.
“Es una idea que pensamos cuando recién nos estábamos formando como ministerio porque uno de los grandes reclamos que aparecía del movimiento feminista era que los planes federales que se habían elaborado en instancias anteriores, no habían contado con participación de las organizaciones de la sociedad civil ni tampoco de distintos ámbitos gubernamentales. Entonces, el eje de participación nos parecía muy importante. Otro de los ejes que tiene que ver con la regionalización del diseño de las políticas públicas porque entendemos que todas las políticas públicas, sobre todo aquellas enmarcadas en situaciones vinculadas a las violencias por razones de género adquieren distintas particularidades y características en distintas regiones. Se entrecruzan con otras violencias, con otras realidades sociales, económicas, culturales que requieren que el Estado pueda diseñar políticas acordes a esas realidades y no un plan desde un escritorio en Buenos Aires e imponerlo a todas las provincias”, explicó a EL DIARIO Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje integral de las violencias por razones de género.
La funcionaria destacó también la intención de “construir una política feminista dentro del Estado respondiendo a la instancia de participación, una práctica política que viene dándose desde hace mucho tiempo en la Argentina, en los distintos movimientos sociales. El feminismo sabe perfectamente de esta práctica, la ha proclamado en cada uno de sus encuentros, de sus espacios y es parte de las responsabilidades del Estado propiciarla”.
–A propósito de práctica democrática, ¿quiénes participan en cada foro durante las dos jornadas?
–Esta práctica participativa refleja una posibilidad histórica, a mi entender, de cómo construir la política pública en materia de violencia por razones de género. Es una construcción compartida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las universidades y también los organismos gubernamentales porque en el segundo día participan del foro los gobiernos locales, los y las concejales, diputadas, diputados, senadoras y senadores, gobernadores. Una confluencia de miradas y abordajes de las dimensiones de la violencia que entendemos nos va a permitir diseñar este plan y las políticas públicas principales en materia de violencia de género; además, con mucha legitimidad social.
OBJETIVOS.
–¿El objetivo es tener, cuando culminen los foros en todo el país, un diagnóstico a partir del cual diseñar las políticas? ¿Cuánto tiempo insumirá?
–Los foros tienen una propuesta de acciones. Sabemos que muchos espacios, organizaciones, universidades están discutiendo propuestas de acciones previamente para traer a los foros. Entendemos que cada una de esas acciones se hace a partir de un diagnóstico local, pero el foco principal está en las propuestas de acciones. Es un desafío para las organizaciones, para los movimientos sociales, proponer acciones al Estado, no solo el diagnóstico de lo que funciona mal, sino pensar cuáles serían los ejes principales de acciones para prevenir las violencias por razones de género, para promover la igualdad de género, para diseñar políticas de asistencia integral y acceso a la justicia para aquellas personas que están en un contexto de violencia de género, propuestas de acciones para aquellos grupos que además de sufrir la violencia de género sufren niveles de opresión: personas migrantes, en contexto de encierro, internadas por salud mental, las adultas mayores, las mujeres rurales. Acá, en Paraná, nos contaron la situación de las mujeres en la isla. Lo anoté como una propuesta que desde Buenos Aires no veíamos. Decíamos mujeres en las comunidades indígenas, rurales y perdíamos de vista lo que pasa con las mujeres en las islas. Y en reuniones en gobernación nos lo plantearon. En provincia de Buenos Aires apareció un eje muy fuerte en mujeres rurales. Nos enriquece enormemente a quienes tenemos que estar diseñando las políticas públicas tener este espacio de co-construcción.
ESQUEMA.
–¿Las políticas involucrarían a más de un área?
–Vale explicar cómo pensamos este esquema. Los foros regionales son una de las instancias participativas; otra instancia participativa va a ser la puesta on line, en las redes sociales, de un cuestionario que aquellas organizaciones que no pudieron participar y tienen propuestas de acción. Una instancia fundamental es el rol de las universidades, por eso los hacemos en universidades públicas. Las universidades junto con un equipo del Ministerio van a sistematizar toda esta información que nos va a permitir tener parte de las acciones que surgieron en las instancias participativas. Luego será un trabajo con los otros ministerios. Y ese plan de acción también hacerlo público y generar articulación con los gobiernos provinciales y locales para implementar las políticas que establezca.
–A título de ejemplo, ¿qué podría surgir de estos foros?
–Lo clásico que está saliendo en estos foros es la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, es una responsabilidad compartida; la aplicación de la ley Micaela es compartida entre distintos estamentos gubernamentales que existen. Esto requerirá articulación con otros poderes –Legislativo, Judicial–. Es una multiagencialidad de actores que van a intervenir, que tienen que estar transversalizados por la perspectiva de género. Es nuestro momento para transversalizar esa perspectiva de género en el diseño de políticas públicas.
Femicidios
–Inequidad en las tareas de cuidado, violencia, desigualdad, son, entre otros, asuntos de la agenda ministerial. Se están realizando los foros. Al mismo tiempo, los casos de femicidio parecen reclamar medidas urgentes. ¿Se fijaron prioridades o se avanza simultáneamente?
–Avanzamos en paralelo. Vamos trabajando con políticas que promocionen la igualdad entre los géneros, que achiquen la brecha que existe entre los géneros, y entendemos, que eso va a ir modificando los efectos que se producen a nivel de las violencias. Los femicidios aparecen como la punta del iceberg de una problemática mucho más compleja. Ir hacia el emergente es necesario por supuesto. Por ejemplo, superar los inconvenientes que encontramos para la aplicación de la Ley Brisa –reparación para hijas e hijos de mujeres que han sido asesinadas– fue parte de nuestras tareas iniciales; modernizar y mejorar las instancias de acceso a la línea 144 es parte de nuestras prioridades. Mientras, otra Secretaría (del Ministerio de la Mujer) está abordando las políticas de igualdad, avanzando con el Plan de federalización de cuidados y, una Subsecretaría de capacitación y cultura está trabajando con Tecnópolis los medios de comunicación, todo lo que significa el impacto de los medios, la violencia mediática, la representación de estereotipos en los medios. Es como todo en paralelo. Como dijo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, estamos convencidas de que el problema de las violencias tiene que ser abordado en sus raíces estructurales y la estructura que sostiene la violencia es la relación desigual de poder entre los géneros. Sin abordar ese tema, todo lo que podamos hacer en violencia va a ser una repetición de ir tras el emergente. Generar políticas públicas más integrales que tengan en cuenta las confluencias que tiene las violencias con las interseccionalidades nos va a ir permitiendo modificar el paradigma de políticas públicas en la materia.
