En la madrugada del pasado 22 de diciembre, en Chajarí, a la salida del boliche, Sofía, una chica trans denunció haber sido golpeada y violada en un lavadero.
La joven fue encontrada, semi desnuda y llorando en la calle, por una pareja de conocidos que pasaban por el lugar, los mismos la llevaron al hospital de Chajarí donde fue asistida por los médicos y la fiscal, quien le tomó declaración de los hechos.
La policía actuó rápidamente, realizó peritajes en el lavadero y secuestró la ropa desgarrada, entre otros materiales de interés para la causa, peritó cámaras de seguridad y logró identificar en 5 días al agresor, un joven de 20 años, cuya identidad era desconocida por la víctima.
Ante la evidencia policial, la denuncia de Sofía, los testigos y el peritaje de los médicos, la fiscalía no dispuso ninguna medida, ni la detención del denunciado ni una orden de restricción para con la víctima, según afirmó la abogada de la denunciante, Fernanda Alvar.
El presunto abusador siguió en libertad y a los 12 días, el 4 de enero, volvió a atacar, en este caso la víctima fue una mujer de 58 años que había salido a la mañana a realizar actividad física. El muchacho golpeó y abusó sexualmente de la mujer, por lo cual la damnificada presentó la respectiva denuncia.
Lo llamativo es que en este caso, ante la denuncia de una mujer no trans, la justicia actuó con otros tiempos y a los dos días, el 6 de enero, allanó la vivienda del presunto abusador, secuestrando ropa y materiales de interés para la causa, realizó una rueda de reconocimiento y juntó las dos denuncias.
El joven quedó imputado por “Abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves” y “Abuso sexual simple y lesiones leves”, aún así la fiscalía entendió que el denunciado podía transitar el proceso el libertad y tan solo libró ordenes de restricción para con las víctimas.
Ante la impotencia por dicha situación, el entorno de Sofía comenzó a organizarse y junto a agrupaciones feministas se movilizaron ayer miércoles por la noche. La marcha partió desde la comisaría Nº 1 hasta el edificio de tribunales donde se reclamó el esclarecimiento, actuaciones urgentes y se denunció el trato diferencial por parte de la justicia en ambos casos.
Además, tomó intervención el gobierno de Entre Ríos a través del Área de diversidad sexual y políticas de identidad de género que conduce Alejandra Elcura, quien consultada por EL DIARIO informó: “El accionar institucional nuestro fue ponernos en contacto con la victima, asegurar que se pueda constituir una querella, asegurarnos que se siga el protocolo y solicitamos una medida cautelar”.
La funcionaria también comentó que “tratamos de articular con todos los actores posibles, con abogados que tratan la temática de derechos de la diversidad sexual, con militantes de los derechos del colectivo y diferentes áreas de gobierno”.
Es que según manifestó Sofía, a la lenta actuación judicial, se sumó que fiscalía no respetó la Ley de Identidad de género, tomando su denuncia por el nombre que figura en el DNI y no por su identidad autopercibida tal cual establece la ley. A esto se habría sumado que el personal de fiscalía se dirigía a la joven por su nombre masculino, agravando la situación de violencia sobre la misma persona.
Por su parte la abogada de la joven, Fernanda Alvar, señaló a EL DIARIO: “A la víctima hay que protegerla desde el momento que inicia la denuncia, hay muchas pruebas contundentes, yo cuando tengo relaciones sexuales no me quedo desnuda en la vereda. Hasta acá se le garantizó todo al imputado”.
Y agregó: “Fijate qué medidas ordenó el fiscal entre la primera y segunda denuncia: a los dos días de la segunda denuncia ordenó el allanamiento, la rueda de reconocimiento y declaración testimonial”.
Actualmente la causa se encuentra en manos de la fiscal Dalia Verdura Pons, se espera que en breve se convoque a nuevas audiencias cuando se realicen los peritajes psicológicos de las víctimas y se cotejen las pruebas de ADN.
