Entidades ambientalistas acudirán a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir el rechazo del Recurso Extraordinario Federal resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. A la vez, analizan llevar los cuestionamientos a la aplicación de fitosanitarios hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Coordinadora Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta repudió la notificación que recibió el 8 de febrero del Superior Tribunal de Justicia, con el rechazo del Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar para “la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos”.
“De ninguna manera” responden los ambientalistas cuando se les pregunta si esa decisión del máximo organismo judicial provincial cierra el debate sobre a las fumigaciones en torno a los predios donde funcionan establecimientos escolares.
Ahora, las organizaciones ambientalistas van en Queja por recurso denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo para la presentación vence entre lunes y martes de la semana próxima, por lo tanto, intensamente están trabajando para llegar con la presentación. “Cuando pedimos el recurso extraordinario argumentamos todo lo que teníamos que argumentar. Ahora lo que debemos cuestionar es por qué el STJ no nos habilitó la vía, por qué no nos permitieron llegar a la Corte”, precisó una de las abogadas en la Coordinadora Basta es Basta.
María Fernández Benetti aclaró a EL DIARIO que lo que se avecina es una discusión procesal y de temática, lo que se llama la existencia de cuestión federal. “Nosotros entendemos que hay cuestión federal, que está mal denegado el recurso y por eso hablamos de escándalo jurídico”, remarcó la abogada.
Desde que se desató la batalla en la justicia provincial en contra de los decretos del Ejecutivo sobre la materia, Fernández Benetti repasó que hubo “primero un fallo judicial escandaloso que se desvió de todo lo que venía entendiendo el Superior Tribunal con dos fallos previos a favor. En el tercero –señaló- dio un volantazo y nos vino todo para atrás. Ahora, en la denegatoria del recurso extraordinario, creemos que sigue la misma estrategia con un fallo absolutamente infundado en el que está mal denegado. Nos queda la Queja y veremos lo que dice la Corte”, explicó a EL DIARIO.
En consecuencia, cuando llegue la presentación de los ambientalistas, la Corte Suprema de Justicia deberá expedirse respecto de si hace lugar y abre el recurso extraordinario. En caso de denegarlo, ahí finalizaría el proceso”. En caso que haga lugar, el Superior deberá elevar todo el expediente a la Corte nacional. Lo que los ambientalistas saben es que en este recorrido, no es posible estimar los plazos procesales en término de tiempo. No obstante, destacan que lo relevante es que si la admiten “se nacionaliza la causa y la Corte trataría el tema, visibilizándose a nivel nacional”. Imaginan también lo que llaman un tratamiento más democrático porque, estiman que llamaría a audiencia pública con lo que el caso tomaría otro cariz.
Fernández Benetti indicó que “estamos demostrando que es una cuestión federal, que trasciende lo local porque entendemos que en su postura, el gobierno provincial ha violado la Constitución nacional, tratados internacionales y otras normas federales”.
La abogada recordó que “nosotros basamos nuestra reclamo legal en un estudio de daño genético” a la vez que adelantó que lo van a seguir trabajando en otro tipo de instancias judiciales. Por una parte, “hay reclamos a la justicia a nivel individual y vamos a seguir porque es una vergüenza que teniendo semejante alarma, la Provincia no haya hecho nada”.
Por otro lado, anticipó, “nosotros estamos preparando todo para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” para lo cual se evalúa si avanzar con una cautelar o pidiendo una comisión de expertos para que visiten y vean –tal como señalan-, “la emergencia que vive la provincia”.
EXPECTATIVAS. La posibilidad de anuncios del gobernador en el próximo mensaje a la Asamblea Legislativa, no genera expectativas mayores. No se descarta que la decisión del Tribunal de justicia sea un tanto dilatorio, como para dar tiempo a que finalmente se legisle sobre la materia.
Si el tema finalmente llegara a la Legislatura, los ambientalistas dicen que tienen disposición para dialogar. “Ojalá que se pudiera trabajar bien porque siempre han sacado la decisiones sin una democratización, sin escuchar a los médicos, a las organizaciones, a las asambleas de afectados. Ojalá se pudiera armar un espacio bicameral, pero yo dudo. Y ojalá que ahí aparecieran también proyectos en la línea de la transición al agrocultivo”.
Acotó que para las organizaciones, el amparo es una ficha más. “En territorio tenemos un trabajo enorme que lo trasciende, porque (un amparo) no nos va a solucionar el problema, pero es importante el pronunciamiento de la justicia. Hay que trabajar en una transición urgente” hacia otro modo de producción, reclamó.
Al decreto 2239, actualmente vigente, lo consideró “papel pintado”, porque “no han hecho nada”. Desafió a “hacer una prueba de los controles sobre todo lo que (el fiscal de Estado) Rodríguez Signes dijo que se iba a hacer. Con el decreto no cambió nada”, afirmó.
(fuente el diario)
